EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO

(Fragmentos)

Son muchos los viejos problemas no resueltos, las viejas necesidades no atendidas. Debemos, por ello, revisar nuestros métodos de intervención y nuestras pautas de conducta para adoptar los enfoques y diseñar las estrategias más adecuadas para conseguir avances significativos en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, una lucha que, en definitiva, se libra en defensa de la diversidad humana, y que está consiguiendo abrir caminos para combatir la exclusión

Desarrollo Humano y Discapacidad

Informe al Club de Roma de Rafael de Lorenzo García

El Informe al Club de Roma sobre el futuro de las personas con discapacidad en el mundo, elaborado por Rafael de Lorenzo García, explora las relaciones entre Desarrollo Humano y Discapacidad, a partir de la constatación de dos hechos fundamentales:

En primer lugar, que la discapacidad ha adquirido una creciente importancia en el mundo actual, debido, por una parte, al incremento cuantitativo de las situaciones de discapacidad (envejecimiento de la población, personas que sobreviven a accidentes y enfermedades que antes eran mortales…) y, por otra, a la toma de conciencia de que es necesario aprovechar las capacidades, los conocimientos y la contribución al desarrollo que pueden hacer las personas con discapacidad.

En segundo lugar, que la lucha que las personas con discapacidad vienen desarrollando para lograr la participación y la igualdad se ha constituido en un paradigma de la defensa de la diversidad y de la búsqueda de soluciones innovadoras e inclusivas para el futuro de la Humanidad.

El Informe se ha realizado a partir del análisis de las realidades actuales de la discapacidad y se ha fundamentado, siempre que ha sido posible, en datos estadísticos contrastados. Es un Informe hecho desde la discapacidad, pero que apunta a miras más amplias. Al resaltar la importancia de preservar y aprovechar la diversidad humana, pretende enriquecer la conciencia solidaria y afianzar los compromisos en defensa de los derechos de igualdad de todas las personas. Después de un primer capítulo en el que se presenta el informe y se esbozan una serie de consideraciones introductorias con el objetivo de situar al lector en el contexto de su realización, se abordan los cuatro grandes bloques temáticos que configuran el informe: La Discapacidad y las nuevas encrucijadas de la Humanidad

Hay suficientes evidencias históricas de que el desarrollo humano no tiene por qué correr paralelo al progreso material, de forma que, incluso en épocas de expansión económica, hay personas que no encuentran un hueco para participar en la prosperidad. Entre estas personas en encuentran, muy frecuentemente, las personas con discapacidad, cuyos anhelos y aspiraciones de participación e igualdad contrastan con las circunstancias en las que se desarrolla su existencia. Las personas con discapacidad han recorrido ya un largo camino hacia la consecución de la ciudadanía de pleno derecho, en un proceso en el que se han aunado los esfuerzos de las familias, las asociaciones de personas con discapacidad, los profesionales y las instituciones. Pero son todavía muchos los obstáculos físicos y las barreras sociales que limitan su participación en la sociedad. Por ello en el Informe, además de profundizar en el análisis de cómo la sociedad percibe la discapacidad, se revisan sus realidades estadísticas y legales a lo largo del mundo, las políticas nacionales sobre discapacidad y la forma en que los cambios sociales y los retos que estos cambios plantean inciden en su situación.

Las oportunidades que se tienen y se pueden construir

El acceso a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la información son, entre otros, derechos básicos a los que todavía muchas personas con discapacidad no pueden acceder o no pueden hacerlo en iguales condiciones que otras personas. La discapacidad es, por tanto, una cuestión de derechos humanos, y la no discriminación y la acción positiva son elementos clave para garantizar esos derechos. De forma lenta pero irreversible, las sociedades han ido encontrando caminos para combatir las múltiples discriminaciones que sufren las personas con discapacidad. En el Informe se hace un recorrido por los distintos ámbitos relevantes para la participación (educación, empleo, seguridad y protección social, cambio tecnológico y avances científicos y médicos, ocio y cultura, vida ciudadana y participación activa en el desarrollo), mostrando diversas soluciones e instrumentos que ya están disponibles en nuestras sociedades, y que se podrían generalizar en la medida en que se articulasen las políticas y los programas necesarios para hacerlos efectivas.

La calidad de vida solidaria

El incremento de las desigualdades, la insatisfacción y el malestar humano son realidades que contrastan vivamente con los niveles de crecimiento económico y de desarrollo tecnológico alcanzados en los albores del siglo XXI. Los años de la globalización y de la nueva economía están siendo también, para muchas personas, los años de la exclusión social y de la pobreza. Es necesario que busquemos orientaciones y que fomentemos comportamientos y valores capaces de crear alternativas que permitan la promoción del desarrollo humano y la realización de los derechos humanos, la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas en todos los rincones de la Tierra. La integración de la discapacidad puede verse como el paradigma de la inclusión de la diferencia, como el modelo a seguir para que ningún recurso humano quede desaprovechado y no se despilfarren las voluntades, saberes e ilusiones que atesora cada miembro de la sociedad. Este capítulo del Informe es una reflexión sobre lo que la experiencia de las personas con discapacidad puede aportar a la vida colectiva, en particular en relación con el desarrollo de nuevos valores como la solidaridad, la cooperación y la igualdad, capaces de configurar un humanismo transformador orientado al desarrollo del hombre en el que la competitividad no esté reñida con la cohesión.

Los caminos para el futuro

A pesar de los empeños que se han dedicada a mejorarla, la situación de las personas con discapacidad en el mundo sigue la misma senda de dualización e injusticia que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la accesibilidad al medio físico, la educación, el empleo, los servicios sociales y de apoyo, la protección social, el ocio, la cultura, el deporte, el consumo, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes habituales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad. Son muchos los viejos problemas no resueltos, las viejas necesidades no atendidas. Debemos, por ello, revisar nuestros métodos de intervención y nuestras pautas de conducta para adoptar los enfoques y diseñar las estrategias más adecuadas para conseguir avances significativos en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, una lucha que, en definitiva, se libra en defensa de la diversidad humana, y que está consiguiendo abrir caminos para combatir la exclusión. En el último capítulo del Informe se apuntan esos caminos, que permitirán lograr un futuro en el que la cooperación, la solidaridad y el respeto y la valoración de la diversidad sean la base de un orden social más equitativo y más justo, y se ofrecen una serie de propuestas para el debate y la acción sobre desarrollo humano y discapacidad. En los umbrales del nuevo milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva representa mucho más que la mera incorporación de las personas con discapacidad a todos los ámbitos del quehacer humano. Supone un modelo para evitar la exclusión y para resaltar que el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. Las propuestas del Informe se sitúan, por ello, en un contexto más amplio que el de los problemas cotidianos de la discapacidad y la exclusión. Son palancas y llaves que pueden permitirnos abrir una situación cerrada, que contrasta con la capacidad técnica que la humanidad ha alcanzado, y que le permitiría gestionar la complejidad y arbitrar los recursos y soluciones suficientes para evitar la exclusión. El progreso en pos de la calidad de vida humana no será efectivo si no alcanza a todos o si no se ajusta al respeto a los derechos inalienables de cada persona. Por ello, las propuestas del Informe buscan insertarse en un auténtico cambio cultural, que lleve a los corazones de las personas la voluntad de reconocerse en los otros y de tratar a los demás como se merecen por su dignidad personal y no solo en atención a su posición en las cadenas productivas. Este Informe, más allá de las referencias y propuestas a favor de un futuro más humano para el mundo de la discapacidad, quiera ser, sobre todo, la primera propuesta para la acción a favor de la diversidad humana, de su reconocimiento y de su defensa como patrimonio común. Un patrimonio que se construye a diario cada vez que las personas se tratan como tales y se afanan por que cada circunstancia vital no sea nunca una barrera insalvable para la inclusión social y la solidaridad personal que todos nos debemos.

http://www.minusval2000.com/literatura/articulos/futuro_personas_discapacidad.html

LOS CONTENIDOS DEL INFORME

Después de este primer capítulo, en el que se presenta el informe y se esbozan una serie de consideraciones introductorias con el objetivo de situar al lector en el contexto de su realización, se abordan, en otros tantos capítulos, los cuatro grandes bloques temáticos que configuran el informe.

En el capítulo segundo, bajo el título “La Discapacidad y las nuevas encrucijadas de la Humanidad”, se traza, partiendo de una reflexión sobre cuáles son las angustias y las esperanzas con las que la Humanidad se enfrenta al futuro, una síntesis de la situación de la discapacidad en el mundo contemporáneo, en la que se contrastan los anhelos y aspiraciones de las personas con discapacidad con las circunstancias en las que se desarrolla su existencia, que varían según los distintos niveles de desarrollo económico, social y cultural. Además de hacer referencia al largo camino recorrido por las personas con discapacidad hacia la consecución de la ciudadanía de pleno derecho, y de profundizar en el análisis de cómo la sociedad percibe la discapacidad, se revisan las realidades estadísticas y legales de la discapacidad a lo largo del mundo, las políticas nacionales sobre discapacidad y la forma en que los cambios sociales y los retos que estos cambios plantean inciden en la situación de las personas con discapacidad.

En el capítulo tercero, titulado “Las oportunidades que se tienen y se pueden construir” se hace un recorrido por los distintos ámbitos relevantes para la participación (educación, empleo, seguridad y protección social, cambio tecnológico y avances científicos y médicos, ocio y cultura, vida ciudadana y participación activa en el desarrollo), mostrando diversas soluciones e instrumentos que ya están disponibles en nuestras sociedades, y que se podrían generalizar en la medida en que se articulasen las políticas y los programas necesarios para hacerlos efectivas.

El capítulo cuarto, que lleva por título “La calidad de vida solidaria”, es una reflexión sobre lo que la experiencia de las personas con discapacidad puede aportar a la vida colectiva, en particular en relación con el desarrollo de nuevos valores como la solidaridad, la cooperación y la igualdad, capaces de configurar un humanismo transformador orientado al desarrollo del hombre en el que la competitividad no esté reñida con la cohesión. Se profundiza en el concepto de “capital social” y en sus efectos, y se analiza cómo a través de la cooperación social pueden irse sentando las bases de una sociedad más decente, en la que todos puedan acceder a la plena ciudadanía.

El informe se cierra con un último capítulo, el quinto, en el que se apuntan los caminos que habrá que recorrer para lograr un futuro en el que la cooperación, la solidaridad y el respeto y la valoración de la diversidad sean la base de un orden social más equitativo y más justo, y se ofrecen una serie de propuestas para el debate y la acción sobre desarrollo humano y discapacidad.

Capítulo Quinto

LOS CAMINOS PARA EL FUTURO

A pesar de los empeños que se han dedicada a mejorarla, la situación de las personas con discapacidad en el mundo sigue la misma senda de dualización e injusticia que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la accesibilidad al medio físico, la educación, el empleo, los servicios sociales y de apoyo, la protección social, el ocio, la cultura, el deporte, el consumo, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes habituales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad.

Son muchos los viejos problemas no resueltos, las viejas necesidades no atendidas. Debemos, por ello, revisar nuestros métodos de intervención y nuestras pautas de conducta para adoptar los enfoques y diseñar las estrategias más adecuadas para conseguir avances significativos en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, una lucha que, en definitiva, se libra en defensa de la diversidad humana, y que está consiguiendo abrir caminos para combatir la exclusión. En este capítulo se apuntan esos caminos, que permitirán lograr un futuro en el que la cooperación, la solidaridad y el respeto y la valoración de la diversidad sean la base de un orden social más equitativo y más justo, y se ofrecen una serie de propuestas para el debate y la acción sobre desarrollo humano y discapacidad.

EL DESARROLLO DEL HOMBRE NUEVO Y SU RELACIÓN CON LAS GENERACIONES FUTURAS: EL VALOR DE LA REFERENCIA ÉTICA DE LA INCLUSIÓN

En los umbrales del nuevo milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva representa mucho más que la mera incorporación de las personas con discapacidad a todos los ámbitos del quehacer humano. Supone un modelo para evitar la exclusión y para resaltar que el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión.

La inclusión como defensa de la dignidad personal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde su artículo primero reconoce que “Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Este enunciado, que se repite en todas las Convenciones regionales sobre la materia y en las Cartas Fundamentales de los países, nos sitúa en los aspectos más cruciales que definen al ser humano.

En efecto, nunca estará de más recalcar los atributos de la esencia de toda persona: su libertad y su igualdad. Ninguna cualidad adscrita del ser, entre ellas la discapacidad, logra alterar estos dos atributos esenciales y básicos, y no puede tampoco mermar la dignidad y los derechos que tiene todo ser humano. Las diferencias accidentales de cada uno han de ser, por ello, consideradas de acuerdo con el principio de no discriminación, que incluye la adopción de medidas correctivas para evitar la vulneración de la dignidad y de los derechos de cada individuo, una vulneración que pone en peligro la dignidad y los derechos de todos.

El concepto de dignidad involucra las nociones de integridad, decoro, honor y excelencia, que se ven profundamente deteriorados cuando algún ser humano o algún colectivo ve conculcados o amenazados sus derechos. En consecuencia, en estos casos aparecen las obligaciones en virtud de las cuales todos los miembros de una sociedad deben concurrir desde su particular posición o rol al restablecimiento del imperio del derecho. Esta dignidad del cuerpo social se identifica con el respeto y protección de la dignidad de todas las personas. Dicho de otro modo, no podría hablarse de sociedad digna si en su seno se vulneran derechos de los individuos o grupos.

En este orden de ideas, el colectivo de personas con discapacidad va contribuyendo paulatinamente al desarrollo de la dignidad humana a nivel individual y social. Lentamente, pero sin descanso, las sociedades comienzan a intentar superar, tras haber tomado conciencia de su existencia, aquellas situaciones vergonzantes que han constituido el fenómeno de la discriminación de las personas con discapacidad, en sus variadas formas, desde la falta o inadecuada accesibilidad a la educación, la capacitación e inserción laboral, al espacio físico, a las comunicaciones, a la información, a la cultura, al transporte, al deporte, a las artes, a la participación ciudadana- política, a su contribución en el proceso de toma de decisiones, entre otras, pasando por la conocida invisibilidad del sector. Evidentemente esta tímida pero creciente aparición en la arena pública nacional e internacional, será cada día más una contribución al desarrollo de la dignidad humana y de sociedades mejores en su calidad relacional con sus partícipes. En el camino de la consagración de la doctrina de los derechos humanos de las personas con discapacidad, será necesario trabajar intensamente en su interiorización no sólo intelectual sino emocional: valorar la diversidad para avanzar hacia la verdadera integración social y, en definitiva, para avanzar en la defensa de la dignidad de cada persona.

Trabajar a favor de la solidaridad como camino para construir una sociedad civilizada

La noción de solidaridad lleva aparejada la idea de ligarse a otro u otros en pos de una causa determinada. Una vida solidaria está intrínsecamente conectada a la concepción y acción hacia la integración de la diversidad y consecuente cooperación humana. En efecto, una existencia solidaria comprende la utilización de la actitud de la empatía de manera de colocarse en el lugar del otro y contribuir recíprocamente, en la medida de los respectivos roles sociales, de manera que se permita la mutua potenciación y desarrollo concreto.

En los foros sobre discapacidad, se suele hablar de la gran aptitud solidaria de quienes pertenecen a este colectivo, ya que por la naturaleza de su diversidad, se aprecia la vida de una forma más tolerante y comprensiva de la realidad del otro.

Sin embargo, también se ha constatado una conducta social bastante generalizada como es considerar a una persona con discapacidad sólo como discapacitado, sin hacer mayor reflexión sobre sus talentos y aptitudes. Aún más, parece que portar este tipo de limitación hace perder otras cualidades, caracteres o atributos de toda persona. Así, parece que la persona deja de ser niño o niña, joven o adulto mayor, perteneciente a una etnia o raza, a un determinado sexo, miembro de alguna confesión religiosa, militante de un partido político, trabajador, profesional, padre, madre, hijo o hermano y cualquier otra diferenciación que hagamos de los seres humanos. Esto se traduce en una deficiente integración de la temática de la discapacidad en los diversos estamentos en los que participan personas con discapacidad.

El problema es que la exclusión no solo supone un atentado a la dignidad personal de quien la padece, sino también un daño social que priva al colectivo de las aportaciones que pudieran haber partido de la persona excluida, impidiendo que se aprovechen las capacidades y el potencial de todos los miembros de la sociedad. La defensa de la inclusión supone avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas se reconozcan como tales y puedan desarrollar juntas proyectos vitales en beneficio de la colectividad.

Hoy, el modelo democrático inclusivo, socialmente integracionista, tiende a afirmar el comentado respeto a los derechos humanos de los diversos colectivos, como un estadío intelectual que desea adicionar un componente normativo al sentimiento, no siempre cumplido, de la solidaridad humana.

Desde el momento que se interiorice en la sociedad y en la apreciación privada de los particulares que las diferencias que parecen notorias, en nada alteran la esencia de igualdad en dignidad y derechos de las personas con discapacidad, la verdadera integración y cooperación humana en este ámbito habrá dado un salto cualitativo trascendente que producirá en dicha sociedad una natural e íntima tendencia a un estilo de vida solidario.

Las ventajas para el cuerpo social en cuanto a la adopción de estos paradigmas conductuales son notables, primeramente para afianzar la concepción de familia humana, subiendo varios peldaños en la evolución hacia una sociedad mejor.

En términos estadísticos, representa la convicción de que los análisis de desarrollo humano y sus índices irán de la mano con la mejor calidad de vida de voluminosos colectivos como el de las personas con discapacidad, recalcando la estimación de casi 600 millones de personas en esta condición y la consecuente implicación hacia el grupo familiar más próximo, lo que puede llegar a triplicar la cifra de personas vinculadas a esta temática.

Incluso en términos productivos, el modelo de integración y cooperación humana, al proveer a muchas personas con discapacidad de las oportunidades para desarrollar un trabajo digno y compatible a su limitación, que les permita gozar de mayor autonomía e independencia para sí y a la hora de conformar una familia, con todo el bienestar psicológico y material que ello implica, significará una más efectiva ganancia para la sociedad en cuanto a dotarse con una fuerza laboral competente, ausente en gran medida actualmente, por las restricciones a su contratación.

El mecanismo más real y concreto para llegar al anhelado modelo solidario, integracionista y de cooperación, será insertar el tema de la discapacidad en los diversos tópicos que agrupan a los seres humanos, de manera que sea una realidad de cotidiano conocimiento para todos. Esto es, su presencia permanente y no como problemática aislada en las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales dedicadas a género, menores, grupos raciales o étnicos, entre otros. También la inserción en Asociaciones Gremiales, Sindicatos, Colegios Profesionales, Empresariado y por supuesto Gobierno Central, Local, Ministerios, Servicios, Parlamento y Poder Judicial. Esto no deja fuera la consideración del tema en foros y organismos internacionales específicos.

Una ética a favor de la diversidad humana: de la civilización a la decencia

La existencia de discriminaciones diversas respecto de las personas con discapacidad en los variados aspectos de su desarrollo personal, las barreras arquitectónicas y de comunicación suelen ser las más frecuentes, afectan a altos porcentajes del colectivos de personas con discapacidad en forma general y cruenta.

Como se ha visto, las asociaciones de personas con discapacidad no han llegado a ser potentes grupos de presión en la mayoría de los países, que produzcan la eliminación de estas adversas condiciones del medio. Por ello se destaca una vez más el paradigma de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, siendo el marco jurídico supranacional el que permita hablar un mismo lenguaje en esta materia en cualquier parte del mundo.

La detección de un acto u omisión discriminatorio obliga a revisar derechos como la igualdad, la integridad psíquica, la honra y la inviolabilidad de la vida privada, que se ven conculcados siempre en actos de esta naturaleza, sin perjuicio de otros derechos que puedan verse afectados en casos específicos como el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la libertad personal, al acceso a la educación, acceso al trabajo, etc.

Un mensaje en el recto sentido, con acento en la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas, envuelve un referente ético social que coloca en un notable estándar de exigencia a toda la sociedad y, particularmente, a sus líderes políticos y sociales. De ahí que las nuevas éticas colectivas tengan que ir más allá de evitar la exclusión para apostar por una sociedad decente, en la que se hayan estructurado unas normas de actuación no discriminatorias y a la vez vigilantes para que los avances científico-técnicos o las nuevas pautas culturales no creen nuevas barreras para la integración. Hay que trascender, por tanto, las éticas a favor de la civilidad, el reconocimiento de la dignidad persona y la valoración de la acción solidaria y compartida, para alcanzar un nuevo estadío de convivencia y regulación que generen normas que preserven la defensa de la dignidad y el valor de la cooperación.

Sólo así los modelos de incorporación para la inclusión sentarán las pautas para que cualquier persona, con su individualidad y sus expectativas, pueda desarrollar todas sus capacidades sociales y pueda hacerlo desde su diversidad y diferencia, no desde unas pautas estándar en las que no se reconozca el valor único de cada persona.

PROPUESTAS PARA EL DEBATE Y LA ACCIÓN SOBRE DESARROLLO HUMANO Y DISCAPACIDAD

Nuevas estrategias para enfrentar viejos problemas

El análisis que se hace a lo largo de este Informe acerca de la situación de las personas con discapacidad en el mundo pone de manifiesto que las orientaciones, valores y objetivos de la política sobre discapacidad que la comunidad internacional ha venido estableciendo a lo largo de las últimas décadas mantienen toda su vigencia. Al tiempo, muestra que existe una consciencia cada vez más generalizada sobre la trascendencia que los problemas de discriminación, desigualdad, infraparticipación y limitación de derechos que actualmente se asocian a la discapacidad tienen para la comunidad y para las personas que los padecen, así como que la responsabilidad para impulsar el cambio de esta situación corresponde tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil, y que ese cambio sólo será posible mediante una acción concertada que se sostenga en el tiempo y que se base en la voluntad de intervención y transformación de la realidad social. Junto a esto, también se constata que ni el ritmo ni la intensidad de los avances que se han producido y de los programas que se han ejecutado hasta el momento han resultado los adecuados para reducir de forma significativa el impacto de las desventajas que afectan a las personas con discapacidad, y que los progresos legislativos no han supuesto, en muchos casos, el cambio real de las prácticas de discriminación y exclusión social. El análisis de la situación de las personas con discapacidad en el mundo actual pone de relieve que, en lo fundamental, seguimos inmersos en los mismos problemas que, hace ya tres décadas, situaron la discapacidad en la agenda social de los organismos internacionales.

En efecto, la década de los años 70 marca el punto de inflexión a partir del cual la situación de las personas con discapacidad es acogida como una preocupación mundial y, como tal, queda plasmada en sendas Declaraciones de la ONU. La aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad es el esfuerzo declarativo que pone en marcha, a partir de 1982, los postulados concretos de la comunidad internacional en esta materia. Este impulso consagró los principios generales sobre los que los gobiernos han desarrollado sus regulaciones y sus estrategias dirigidas a compensar la situación de desventaja en la que viven las personas con discapacidad y a reconocerles los mismos derechos y darles acceso a las mismas oportunidades que al resto de las personas, para garantizar la igualdad y la participación plena de las personas con discapacidad con los demás ciudadanos de la comunidad. Podemos decir que el Plan de Acción Mundial ha proporcionado homogeneidad y coherencia a las acciones posteriores, que ha sido un elemento relevante para la puesta en marcha de políticas dirigidas a la atención de la discapacidad en todo el mundo y que ha orientado las estrategias relacionadas con los ejes básicos de la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades.

La atención a la discapacidad está hoy presente en todos los cuerpos legislativos y en la preocupación de poderes públicos y ciudadanía en general. Además, y eso es muy importante, se están defendiendo valores y principios comunes, en relación con la discapacidad en particular y con la diversidad humana en general, en el orden mundial. Cuestión diferente, pero también absolutamente relevante, es si se está siguiendo una estrategia común en las estructuras de intervención y si los métodos y enfoques adoptados son suficientes y adecuados, así como si los programas y prácticas dirigidos a mejorar la situación de las personas con discapacidad se desarrollan con la intensidad y la velocidad adecuadas a la dimensión del problema.

Una recapitulación sobre todo lo anterior pone en evidencia que seguimos hablando de los mismos temas y compartiendo las mismas preocupaciones, como si el mundo no se estuviera transformando aceleradamente y como si el proceso de transformaciones no comportara la aparición de nuevos riesgos, nuevas amenazas que se nos presentan como desafíos pero también como oportunidades. Esa constatación nos debe alertar, pues, a pesar de los empeños que se han dedicada a mejorarla, lo cierto es que la situación de las personas con discapacidad en el mundo sigue la misma senda de dualización e injusticia que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la accesibilidad al medio físico, la educación, el empleo, los servicios sociales y de apoyo, la protección social, el ocio, la cultura, el deporte, el consumo, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes habituales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad.

Hablamos, por tanto, de viejos problemas no resueltos, de viejas necesidades no atendidas. Desde esta perspectiva es imprescindible considerar si se mantienen vigentes los postulados que habíamos adoptado y los objetivos que nos habíamos planteado o si han cambiado con los nuevos contextos y las nuevas situaciones sociales. Ese análisis debe permitirnos revisar nuestros métodos de intervención y nuestras pautas de conducta para adoptar los enfoques necesarios y diseñar las estrategias más adecuadas para conseguirlos.

Como se ha indicado en el apartado que abre este capítulo, dedicado al valor de la referencia ética de la inclusión, la dignidad humana y la igualdad real de las personas discapacitadas con las demás personas siguen siendo la referencia final de todos nuestros afanes. Para garantizarlas sabemos que debemos erradicar toda forma de discriminación directa o indirecta, pero también sabemos que tenemos que ejercer la acción positiva. Esta suma de la acción positiva y la no discriminación debe presidir la conducta social global y la de todos los actores de la sociedad: poderes públicos, instituciones, corporaciones, empresas, grupos sociales organizados e individuos. Tales son, en suma, los valores y principios vigentes en la comunidad internacional, expresados en las normas y reglas adoptadas por la misma. Valores y principios que han sido, a su vez, adoptados e incorporados a sus legislaciones por la inmensa mayoría de los países.

Compartimos también en la comunidad internacional los mismos tres grandes objetivos en esta materia: prevenir la discapacidad, reducir y atenuar sus consecuencias; garantizar la participación plena y activa en la sociedad, y conseguir una vida autónoma basada en la libertad de elección personal.

Tratamos de interpretar los nuevos contextos en los que se desenvuelven las sociedades y los individuos para comprender mejor la naturaleza de los riesgos y las amenazas que afectan a las personas con discapacidad y responder a los mismos incrementando nuestro conocimiento de la realidad para reducir su impacto o eliminarlo, produciendo la seguridad necesaria en aquéllos que se sienten amenazados. Del mismo modo, tratamos de comprender mejor los retos que esos nuevos contextos nos plantean para aceptar el desafío de mejorar la forma en la que vivimos, detectando las nuevas oportunidades que se nos ofrecen para el progreso colectivo y el bienestar de las personas.

Sabemos cada vez más acerca de los factores que inciden en la situación de las personas con discapacidad y acerca de su situación, pero ese mayor conocimiento no siempre guía nuestras estrategias y casi nunca acompaña a nuestras prácticas. Se ha conseguido el respaldo de la comunidad internacional para la sensibilización de los gobiernos y de los agentes sociales en relación con las obligaciones que se deben asumir para atender a sus ciudadanos con discapacidad. Llevamos décadas trabajando sobre los mínimos que deben cumplirse en esta materia, elaborando normas de carácter multilateral, cartas sociales, códigos de conducta, legislación específica, programas de toda índole, sin que la realidad cambie con la intensidad requerida por el problema. Hemos asumido, en tanto que comunidad mundial, valores que ya están incorporados a nuestras normas y reglas, pero no siempre a nuestros esquemas mentales y a nuestras conductas. Tenemos anhelos y necesidades que podrían atenderse si lográramos un mayor compromiso de todos los agentes en la sociedad en la mejora de las condiciones que rodean la vida de las personas con discapacidad.

Sin embargo, lo ya andado no es suficiente y el camino que debemos recorrer debe trazarse sobre nuevas estrategias, coherentes y realistas. Los epígrafes que siguen se formulan desde la perspectiva de recapitular acerca de la validez de los principios, los enfoques, los métodos y los contenidos esenciales que afectan a las políticas dirigidas a mejorar la situación de las personas con discapacidad. La reflexión no está guiada por el propósito de hacer formulaciones provocadoras, sino por el de recolocar tales principios, enfoques, métodos y prácticas a la luz de los resultados obtenidos en su aplicación en las últimas décadas y adecuarlos a los nuevos contextos y situaciones que vive la sociedad mundial.

Las aportaciones y propuestas que se desgranan en los dos epígrafes siguientes pretenden resaltar una serie de aspectos en materia de principios de actuación y de acciones concretas que nos han parecido especialmente relevantes, sin que, con ello, se pretenda hacer un resumen exhaustivo que sintetice la globalidad de lo expuesto hasta ahora. Mantenemos y reiteramos la importancia plena de las ideas, argumentos, reflexiones y matices que el Informe contiene a lo largo de sus primeros cuatro capítulos, sin renunciar a nada de ello y dejando claro que estas últimas líneas recogen únicamente las puntas de un sinfín de icebergs temáticos desarrollados a lo largo del Informe.

El marco general de la acción en materia de discapacidad: evidencias, principios y criterios

Al objeto de establecer las grandes coordenadas de lo que podríamos denominar un marco general para la acción en materia de discapacidad, procedemos a continuación a presentar una serie de formulaciones amplias o grandes directrices, articuladas y ordenadas por grupos temáticos dentro de los cuales se desgranan sus trazos más concretos a través de la constatación de algunas evidencias, la proclamación de diversos principios inspiradores, y, en fin, la explicitación de una serie de criterios orientativos.

1º LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROTAGONISTAS DE SU PROPIA VIDA

Las personas con discapacidad deben ser el centro de referencia de todo planteamiento sobre discapacidad y los protagonistas de su propia vida. Su proceso de integración, coprotagonizado por las redes familiares y de solidaridad, requiere que se incrementen los cauces para su participación social de las organizaciones de personas con discapacidad.

A) La persona con discapacidad debe ser la protagonista de su propia vida y ha de estar colocada en el centro de esta reflexión. Las desventajas que afectan a las personas con discapacidad pueden ser modificadas y reducidas, ya que la discapacidad es una situación que ha de ser comprendida como un proceso de interacción entre la persona y el entorno en el que realiza sus actividades. Esta relación es dialéctica y modificable. La incorporación de la persona con discapacidad a su entorno le permite interactuar con el mismo, activarlo, transformarlo, adaptarlo a su medida y a la medida de sus limitaciones. Proporcionar a las personas con discapacidades los recursos disponibles en la sociedad permite esa interactividad y faculta a las personas con discapacidad para elegir el proyecto personal de vida que mejor se corresponda con sus deseos y sus capacidades.

Los límites que el entorno impone a las personas con discapacidad han de ser minimizados, y en esa tarea toda la sociedad tiene una responsabilidad concreta. Aquellos entornos que tienen un papel determinante, como la salud, la educación o el empleo, han de ser modificados para garantizar su accesibilidad, y en esa tarea las instituciones tienen una mayor responsabilidad. Finalmente, el proceso de elección personal y de consecución de una vida autónoma ha de gozar de protección jurídica, y ha de ser promovido a través de la acción positiva de los poderes públicos.

B) Las redes familiares y de solidaridad deben ser coprotagonistas del proceso de integración. El papel de las familias ha sido determinante en el apoyo a la integración de las personas con discapacidad ya que actúan como el soporte físico, psicológico y económico de las situaciones de desventaja que les afectan. Las nuevas formas sociales y familiares dificultan la complementariedad entre el papel que la sociedad debe asumir en la atención a las personas con discapacidad a través de los poderes públicos y el apoyo que la red de ayuda y solidaridad familiar presta en todas las comunidades y culturas. La vía de la autonomía personal, la vida independiente, se postula como el marco de referencia y como la aspiración natural de las personas con discapacidad. No todas las sociedades se encuentran en condiciones de contribuir decisivamente a hacer realidad esa aspiración, ni todas las personas con discapacidad pueden lograrla. La familia debe encontrar apoyo técnico para orientar su colaboración en la atención que cada tipología de la discapacidad requiere y apoyo financiero e incentivos para proporcionar su ayuda. Los poderes públicos pueden contribuir a dinamizar estas complementariedades entre los servicios sociales y la familia y deben orientar programas e incentivos que vayan dirigidos a fomentar la compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar con el objeto de mejorar la atención voluntaria de las personas con discapacidad en su seno. Tales medidas han de ser compatibles con el modelo de elección personal de cada ciudadano en el plano de su proyecto personal de vida autónoma.

C) Los cauces de la participación han de verse ampliados. La participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en todas las instancias sociales tiene un papel determinante en la defensa de sus intereses y en la colaboración con los distintos actores sociales y los poderes públicos. Las organizaciones han acreditado su capacidad y funcionan como redes de defensa y solidaridad de sus miembros. Ese protagonismo debe ser estimulado garantizando la representatividad real y la existencia de cauces concretos y resultados a esa labor de participación.

D) La multidiscriminación supone barreras adicionales en el proceso de integración. Muchas veces se ignora que la discapacidad puede actuar sobre las personas como un factor de discriminación adicional a otra situación de desventaja para esa misma persona. Los riesgos de exclusión social que afectan a ciertos segmentos y minorías pueden verse agravadas si concurre la situación de discapacidad. Ser discapacitado en una sociedad que también discrimina por razón de raza, sexo, credo religioso u otra condición, hace a la persona con discapacidad sujeto de múltiples desventajas. La multidiscriminación es más evidente en el caso de las mujeres con discapacidad en todas las sociedades. Los gobiernos deben promover intervenciones específicas dirigidas a corregir esta situación.

2º PRESENCIA Y VISIBILIDAD EN LA SOCIEDAD

La presencia social permanente y la visibilidad de las personas con discapacidad incrementa la corresponsabilidad y la participación . Una robusta construcción de la imagen colectiva de la discapacidad enriquece el sistema de valores de la comunidad, y permite avanzar hacia la plena normalización en una sociedad inclusiva.

A) La visibilidad de los problemas de las personas con discapacidad contribuye a incrementar la corresponsabilidad social y potencia la participación. Las personas con discapacidad han formado parte de la “sociedad invisible” que, o bien se nos ha ocultado sistemáticamente, o bien, como reacción, se ha estado ella misma confinando fuera del alcance de nuestras miradas. Los estereotipos de la discapacidad han funcionado tanto para los poderes públicos como para los medios de comunicación, las propias familias e incluso para quienes la padecen. Es preciso dotar de visibilidad social a las personas discapacitadas y a las dificultades que les rodean. Los medios de comunicación pueden tener un papel importante en este esfuerzo y deben asumir una responsabilidad al respecto. Al tiempo, las personas discapacitadas y las asociaciones que las representan deben adquirir conciencia de su voz en la sociedad y asumir que han de ser los actores de su propio proceso para no ser suplantados por otros en sus demandas y en la adopción de las soluciones. Los gobiernos deben progresar en el ejercicio de una mayor democracia de participación de estos colectivos en aquellos órganos que regulan las políticas que les conciernen.

B) La construcción de la imagen colectiva de la discapacidad tiene gran trascendencia para el sistema de valores de la comunidad. Desterrado el estereotipo de la discapacidad como estigma puede asentarse la imagen de la discapacidad como diferencia en un mundo que está aprendiendo aceleradamente a manejar e integrar la diversidad. Los poderes públicos deben promover nuevas imágenes en relación con la discapacidad y los medios de comunicación tienen a este respecto una grave responsabilidad. Al tiempo, las imágenes y la visibilidad del fenómeno y de las personas, así como de su papel activo en la sociedad, debe fundarse sobre el mayor conocimiento de los datos que a ellas se refieren. El esfuerzo estadístico y de análisis cualitativo de la población discapacitada introduce rigor y proporciona elementos imprescindibles para la cuantificación del alcance del problema y la correcta asignación de los recursos disponibles. Los poderes públicos deben ser parte activa en todos estos avances.

C) Es necesario normalizar la imagen social de la discapacidad. El imaginario colectivo asociado a las personas con discapacidad está impregnado de prejuicios y de estigmas que favorecen el rechazo social y que actúan como barreras invisibles que dificultan o imposibilitan la plena integración. El aprendizaje social de la convivencia con la diversidad y la diferencia facilita el acercamiento a la discapacidad y la normalización de las imágenes de la misma como una manifestación natural de la sociedad. Promover nuevas actitudes de los medios de comunicación en su relación con las personas discapacitadas contribuye a ese proceso de cambio de los estereotipos y a la normalización de la imagen que de la discapacidad debe tener una sociedad inclusiva.

3º LA ACCIÓN POSITIVA Y LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS AGENTES, ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA INCLUSIÓN

El impulso de los procesos de integración social de las personas con discapacidad es una responsabilidad primordial de los poderes públicos que deben generar las condiciones necesarias para la cooperación corresponsable de instituciones, corporaciones, agentes sociales, empresas, organizaciones sociales y la ciudadanía; desarrollando políticas de acción positiva, de forma coordinada y constante, e implementado programas en alianza público-privada.

A) La acción positiva de los poderes públicos es un elemento fundamental en los procesos de integración social. Para garantizar la dignidad humana de las personas con discapacidad a través de la no discriminación y la igualdad real es necesario impulsar la acción positiva de toda la sociedad. La adopción de este principio por la comunidad implica su traslación al orden legal, desde la certeza de que sólo a través de un tratamiento desigual de los que son desiguales podemos progresar hacia la igualdad colectiva en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las oportunidades.

La acción de los poderes públicos dirigida a evitar la discriminación es un plano de intervención necesario, imprescindible, pero no es condición suficiente porque no cambia sustancialmente la desigualdad, porque no modifica por sí solo la realidad en la que están inmersos las personas con discapacidad. Los poderes públicos no deben limitarse a prohibir la discriminación, sino que también deben intervenir, a través de los principios de la acción positiva, en todos los procesos sociales dirigidos a promover la integración social de las personas con discapacidad.

B) La integración es una responsabilidad que afecta a todos, aunque de forma diferente. Es preciso redefinir la responsabilidad social de los poderes públicos, las instituciones, las corporaciones, las empresas y la propia ciudadanía en relación con la integración de las personas con discapacidad. A los poderes públicos corresponde la responsabilidad de promover las normas y hacerlas cumplir, pero también les corresponde impulsar los programas y planes de acción, dotarlos financieramente y actuar pedagógicamente ante la sociedad en relación con las correctas prácticas que deben adoptarse. Es una responsabilidad indeclinable de los poderes públicos el utilizar la acción positiva que otorgue la prioridad que los problemas planeados en torno a la discapacidad demandan. Sólo desde ese liderazgo de la responsabilidad colectiva que a los poderes públicos les corresponde asumir, será posible convocar a los demás actores sociales para una actuación coordinada y constante.

C) Los programas de trabajo realizados en alianza público-privada, que implica la colaboración de los poderes públicos y la sociedad civil organizada, son más eficaces y coherentes. La acción de los estados adopta formas muy diferentes en cada país. La responsabilidad de los poderes públicos no queda atenuada por la existencia de formas de gestión de sus obligaciones que se apoyen en la colaboración de la sociedad civil organizada. Estas nuevas formas de alianza público-privada para la realización de programas dirigidos a sectores sociales en dificultad o con problemas específicos se han demostrado altamente coherentes y eficaces. Coherentes, porque incorporan la representación de esos sectores y su conocimiento experto en los problemas que les afectan y en las soluciones más adecuadas y efectivas. Eficaces, porque suelen ir acompañadas de la acción del voluntariado, y porque evitan ineficiencias administrativas. Debemos revisar la suficiencia del marco normativo para establecer los espacios de alianza público-privada que permitan la gestión de los programas a través de una mayor participación y cooperación de las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad.

4º LA DISCAPACIDAD HA DE SER UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA SOCIAL

En un mundo en el que la discapacidad crece y se manifiesta de forma cada vez más diversa, la suturación de la brecha social y económica de las personas con discapacidad requiere un gran incremento de los recursos puestos a disposición para este objetivo, que ha de constituirse en una prioridad del gasto social de los gobiernos y en un referente ético dentro de las estrategias de responsabilidad social de las empresas.

A) La discapacidad es un fenómeno que sigue creciendo y que tiene nuevas manifestaciones. Los avances obtenidos en la prevención y rehabilitación de la discapacidad reducen el impacto de la misma y de sus consecuencias. Sin embargo, la discapacidad es un fenómeno creciente como consecuencia del mantenimiento de la pobreza y las bajas condiciones sanitarias y sociales de amplios sectores de la humanidad y de la aparición de nuevos factores que se acumulan a los ya conocidos. Las guerras, la miseria y la degradación del medio ambiente son causas directas de esta situación injusta e indigna. Pero también hemos de alarmar a la comunidad en relación con las condiciones insalubres del trabajo y la falta de medidas de control y seguridad en el mismo. Paradójicamente, la prolongación de la vida humana y el envejecimiento general de la población del Planeta incorpora a la discapacidad a capas crecientes de ciudadanos, que han de afrontar en el tramo final de sus vidas el impacto de las deficiencias y la repercusión de las mismas para el mantenimiento de su dignidad y su autonomía. Cada uno de estos segmentos de las nuevas formas de la discapacidad requiere tratamientos diferenciados que implican la necesidad de recursos económicos adicionales así como de nuevos métodos de intervención social.

B) La participación plena y efectiva en la sociedad requiere poner más recursos a disposición de las personas con discapacidad. La consecución de esa autonomía personal y de la libertad de elección sobre su propia vida es la puerta que conduce a garantizar la participación plena y activa de las personas con discapacidad en la sociedad. La discapacidad es una manifestación de la diferencia y la diversidad de las personas cuya incorporación plena a la sociedad enriquece a la sociedad entera, y la participación de las personas con discapacidad en todo lo que les concierne no puede ser suplantada ni por las autoridades ni por las instituciones. Por otra parte, la participación plena no se reduce al ejercicio de los derechos y deberes cívicos, sino que se extiende al ejercicio cotidiano de su condición de ciudadanos en pie de igualdad con sus semejantes. Pero la libertad y la participación no son cuestiones simplemente formales y su ejercicio real y efectivo requiere el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los restantes ciudadanos. El entorno de las personas con discapacidad tiene que ser apoyado con más recursos para superar la situación de desventaja de partida en la que se encuentran y facilitar el proceso de participación en el contexto social general de la población.

C) El desarrollo económico actual no reduce las brechas existentes entre las personas con discapacidad y el resto de los ciudadanos. El crecimiento económico de estos años no ha sido neutral y, lejos de contribuir a la reducción de la distancia entre economías desarrolladas e infradesarrolladas, ha abierto una brecha aún mayor entre las mismas. Del mismo modo, en el ámbito interno de las sociedades, la situación de los sectores en riesgo de exclusión ha empeorado en relación con la población general. La distribución del crecimiento en la sociedad sigue la lógica de un impacto diferenciador entre sectores de la población. Las personas con discapacidad siguen estando confinadas en los límites de la sociedad y, en las sociedades menos prósperas, son el segmento más vulnerable. Para que el crecimiento sea sostenible es preciso que las oportunidades que se les ofrecen a las personas con discapacidad sean reales. Pero también es necesario aprender juntos a conocer los nuevos riesgos y los desafíos que afrontamos para concertar nuestra capacidad de cooperación para reducir las incertidumbres, eliminar las desventajas personales y progresar en el desarrollo humano.

D) La atención a la discapacidad ha de ser una prioridad del gasto social de los gobiernos. La contracción del gasto social retira recursos imprescindibles para la implantación de los programas de atención de la discapacidad. La prevención y la rehabilitación son estructuras de intervención que requieren importantes recursos financieros de naturaleza pública. Los nuevos enfoques relativos a la consideración de las deficiencias en relación con la situación concreta de los que las padecen y del entorno en el que realizan sus funciones, colocan a las personas con discapacidad como sujetos del proceso de rehabilitación y al entorno como el objeto de la modificación. Este enfoque, aplicado al mundo de las ocupaciones y al de la vida cotidiana, promueve cambios sustantivos en los métodos de intervención y en los objetivos de las políticas rehabilitadoras que aplicamos. La ergonomía se presenta como una aportación decisiva para la aplicación concreta de esos nuevos enfoques que tienen como objetivo principal la adecuación del polinomio persona-entorno-actividades. La acción de los poderes públicos no puede distanciarse de estas prioridades que, de no ser atendidas adecuadamente, comportarían mayor gasto social a largo plazo.

E) La integración de las personas con discapacidad debe incorporarse a las conductas éticas previstas en la estrategia de responsabilidad de las empresas. Las nuevas situaciones en las que se mueve la economía mundial y el acelerado proceso de globalización que nos afecta están cambiando muchas de las realidades que hasta ahora conocíamos y controlábamos. Los efectos producidos por estos cambios ponen en tela de juicio que exista una buena conducción de esos procesos y una correcta gobernanza de los mismos. El impacto que los efectos negativos de este proceso tienen sobre la protección, el empleo, la salud o el medio ambiente, afectan gravemente a toda la población pero con más intensidad a los sectores más desfavorecidos, al tiempo que quiebran la confianza de los ciudadanos en el progreso y el desarrollo sostenible.

Las corporaciones y empresas tratan de responder a estos retos a través de una reconsideración ética de sus conductas. La Responsabilidad Social de las Empresas es una estrategia mundial dirigida a garantizar la adopción de los valores universales y el establecimiento de las prácticas coherentes con los mismos. La conducta ética de las empresas y corporaciones ante las personas con discapacidad es una exigencia que se deriva del propio sistema de valores y normas de que disponen ya la comunidad y los estados. Las empresas y corporaciones pueden diseñar y establecer, en colaboración con las organizaciones de estas personas, los objetivos a alcanzar y las acciones a desplegar tanto para un cumplimiento efectivo de las normas en esa materia como para el ejercicio de las prácticas que garanticen su efectividad real. Los códigos de conducta de las organizaciones en materia de responsabilidad social son un instrumento privilegiado para incorporar a las personas con discapacidad a los efectos positivos del crecimiento.

5º LA NECESIDAD DE NUEVAS ESTRATEGIAS Y ENFOQUES

Es preciso rediseñar nuevas estrategias y enfoques de intervención para la discapacidad en atención a los nuevos entornos y circunstancias, centrando las grandes prioridades en la educación y el empleo, tejiendo una sólida red social bajo los principios de no discriminación y acción positiva y las técnicas del mainstreaming y de la especialización, articulando mecanismos adecuados al factor territorio y asumiendo la deficiencia y la discapacidad como derecho a la diferencia y respeto a la diversidad.

A) Es necesario cambiar los enfoques y las estrategias adoptadas. Si aceptamos que, pese a los avances producidos, perduran las desigualdades y que la agenda de la atención a las personas con discapacidad no sólo sigue teniendo vigencia sino que sus contenidos siguen siendo básicamente los mismos, pese a la aceptación que la comunidad internacional ha hecho de los valores y las normas que a ellos se refieren, debemos pensar que podemos estar trabajando con enfoques incorrectos, bajo pautas ineficientes y en contextos que no sabemos interpretar correctamente. Necesitamos dudar de los enfoques y las estrategias aplicados para rediseñar nuevas estrategias, adaptadas a las nuevas circunstancias en las que se desenvuelven las personas con discapacidad.

B) El enfoque sobre la agenda general de la discapacidad no impide determinar las prioridades y los ritmos que cada actuación requiere. Todas las cuestiones que componen la agenda internacional de la discapacidad son relevantes y configuran un todo coherente que no puede fragmentarse. Sin embargo, deben establecerse prioridades y fijarse objetivos que puedan alcanzarse gradualmente. La educación y el empleo tienen en nuestras sociedades una importancia determinante, y forman un binomio inseparable en los procesos de integración social y laboral. No participar en el proceso educativo ordinario produce desventaja a lo largo de toda la vida, dificulta la imprescindible interactividad con otros seres humanos, confina a la soledad y al resentimiento y agrede la dignidad humana de las personas. Carecer de ocupación sitúa a la persona en riesgo de exclusión social, le hace irrelevante a los ojos de los demás y le impide sentirse útil ante la comunidad y ante sí mismo. Debemos otorgar a la educación y el empleo la prioridad absoluta en la acción de los gobiernos sobre las personas con discapacidad. Ambos son los factores determinantes del proceso de integración social, los pilares de la igualdad y la dignidad, las bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad.

C) El mainstreaming incorpora enfoques integradores que no impiden la acción especializada. La intervención social sobre la discapacidad en los países más desarrollados se ha basado en muchas ocasiones en una atención segregada que ha buscado una mejor atención a través de servicios especiales. Este modelo de intervención puede ser coherente con las necesidades específicas que se le plantean a colectivos concretos y en aspectos concretos. Sin embargo, una intervención integradora que atienda a las personas con discapacidad a través de los mecanismos generales de que la sociedad dispone para el resto de las personas produce ventajas de todo tipo. De este modo, la diversidad y la diferencia se pueden hacer presentes desde la primera edad, en el aula, en el juego, en el transporte, en las relaciones personales y se prolonga a lo largo del tiempo como una pauta de normalidad. Del mismo modo, los bienes y los servicios de que la sociedad dispone se podrían diseñar por referencia a necesidades más heterogéneas que tuvieran en cuenta las diferencias que afectan a los individuos. Desde esta perspectiva, los recursos económicos que es necesario aportar pueden ser utilizados de forma más eficiente y los servicios expertos que en todo caso hay que mantener para la atención especializada pueden intervenir más eficazmente en los planos en los que sea necesaria su actuación. Es conveniente incorporar a los principios de la intervención social sobre la discapacidad, las metodologías y los enfoques específicos del mainstreaming.

D) La discapacidad se manifiesta de modo diferente en el territorio y debe ser atendida desde enfoques diferentes. Un desarrollo sostenible debería estar encaminado a la incorporación de las personas residentes en el ámbito rural al progreso económico y social. Sin embargo, el crecimiento actual está produciendo una gran concentración urbana y un abandono progresivo de las actividades económicas en el ámbito rural. A su vez, las prioridades de la agenda social de los gobiernos tienden a concentrar su intervención sobre las capas de población urbana y a abandonar a las personas localizadas en el ámbito rural a su suerte y al apoyo de sus redes familiares de solidaridad intergrupo. Al tiempo, los recursos disponibles para las intervenciones de rehabilitación en el ámbito rural, a través de la salud, la educación o la integración laboral, son cada vez más escasos. La consecuencia final es la de una mayor desventaja y un enquistamiento del problema que rodea a las personas con discapacidad residentes en el medio rural, cuya contribución al crecimiento general y cuya participación activa en la comunidad resulta, las más de las veces, más sencilla y goza de las ventajas de un mayor acceso.

E) La asunción de la deficiencia como diferencia permite reenfocar la rehabilitación. La revisión del concepto de rehabilitación es necesaria para vincularla estrechamente con un enfoque que tenga más en cuenta el protagonismo del discapacitado en el diseño de su propia vida, desde la perspectiva de que todos los partícipes en el proceso de rehabilitación asuman la deficiencia como diferencia. La adopción del criterio de normalización en estos procesos introduce las ventajas del mainstreaming y la obtención de eficiencias en los recursos públicos. Al tiempo, resulta conveniente la modernización de los estándares oficiales en la clasificación de las discapacidades de modo que se incorporen enfoques que tiendan a dar más importancia a las discapacidades de situación. Los avances de la domótica y la ergonomía deben permitir reducir las desventajas funcionales en la vida cotidiana y en el empleo.

6º LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO, FACTORES DETERMINANTES PARA LA INCLUSIÓN

La educación y el empleo son, para las personas con discapacidad, los factores determinantes del proceso de integración social y los pilares de la igualdad y la dignidad como bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad.

A) El proceso educativo de las personas con discapacidad ha de ser un aprendizaje para la vida. La formación integrada en el sistema educativo general produce ventajas de todo tipo siempre que el sistema disponga de recursos especializados para la atención de las situaciones que lo requieran. La adaptación del espacio, los materiales didácticos, las metodologías o la adecuación del personal docente son factores que garantizan el éxito de la educación integrada. La universalización de los sistemas educativos hace eficientes los centros de recursos especializados en responder a las necesidades específicas que las distintas deficiencias requieren. Los foros de experiencias y buenas prácticas abiertos a la participación de todos los miembros de la comunidad educativa pueden ser una magnífica contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en esta materia y a la desdramatización de la dificultad que el proceso de integración en el sistema general comporta muchas veces para los profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas.

El proceso educativo, entendido como proceso de formación permanente durante toda la vida, cobra un especial sentido en las personas discapacitadas. El aprendizaje temprano en el manejo de la dificultad personal para la obtención de información y conocimiento, se proyecta como un aprendizaje para toda la vida. Los poderes públicos deben adaptar la participación de las personas con discapacidad en el proceso educativo a sus características diferenciadoras de modo que se establezcan itinerarios personales que permitan ritmos diferentes de aprendizaje.

B) Es necesario enfatizar la importancia del empleo. El acceso al empleo es un plano privilegiado para constatar la trascendencia que tiene la actuación de los poderes públicos a través de la aplicación de una estrategia coherente bajo los enfoques de las reglas de la no discriminación y la acción positiva. Sabemos que hay múltiples factores que dificultan la integración laboral de las personas con discapacidad y que existen prácticas de discriminación contra ellas en todas las sociedades. Aunque algunos de esos factores son objetivos muchos otros, como los prejuicios, están asentados en la sociedad y en los empresarios sin que exista ningún factor objetivo que los justifique. Sabemos también que la formación, especialmente la ocupacional, puede contribuir decisivamente a facilitar el empleo, pero sabemos también que no es suficiente. Si queremos promover la integración laboral hemos de desterrar las prácticas discriminatorias y eliminar barreras, al tiempo que hemos de utilizar la acción positiva ensayando las diversas técnicas que a este respecto han estado adoptando los países tales como las cuotas de reserva de empleo, los incentivos fiscales a la contratación o las ayudas a la adaptación del puesto de trabajo.

C) El acceso al mercado de trabajo tiene una importancia decisiva en el proceso de integración. Los servicios de empleo tienen un papel esencial en el proceso de integración laboral, pero la atención específica que las personas discapacitadas requieren en esta materia hace conveniente que los gobiernos promuevan servicios de colocación expertos en la atención a los mismos. Las técnicas más experimentadas ponen de manifiesto que la atención de estos equipos debe basarse en el diagnóstico ocupacional, la orientación profesional y el establecimiento de itinerarios ocupacionales personalizados que incluyan un proyecto formativo ad hoc. Muchos de estos itinerarios tendrán que iniciarse con actividades preformativas que garanticen las habilidades sociales básicas. Las técnicas de búsqueda activa se han demostrado altamente esperanzadoras.

D) El empleo ordinario ha de ser el paradigma y el empleo protegido una alternativa. El debate que confronta el empleo ordinario con el empleo protegido de las personas con discapacidad es un falso debate. La integración social debe llevarse a cabo con el objetivo de facilitar la mejor y más plena incorporación posible de las personas con discapacidad a la sociedad. Esta premisa exige que el esfuerzo fundamental de integración laboral vaya dirigido a la incorporación al empleo ordinario. No obstante, no todas las personas discapacitadas están en condiciones de responder a las exigencias del mercado ordinario ni han podido realizar las experiencias profesionales que la empresa demanda. Por tanto, el empleo protegido debe ser apoyado por los gobiernos como apoyo a la realización de experiencias ocupacionales que facilitan posteriormente la incorporación al empleo ordinario y como fórmula empresarial alternativa para enfrentar las dificultades reales que para la incorporación al empleo ordinario tienen las personas discapacitadas. En el marco del empleo protegido, los poderes públicos deben ensayar y regular fórmulas innovadoras de acuerdo con la realidad social y laboral de cada país. Las nuevas formas de organización del trabajo y de la producción pueden ser una buena oportunidad para la incorporación de las personas con discapacidad al empleo a través de mecanismos como los enclaves ocupacionales, los programas de empleo con apoyo, u otros, siempre que ese modelo de empleo sea respetuoso con la autonomía de organización de la empresa y no distorsione sus reglas de funcionamiento. El teletrabajo es otra de las fórmulas que parecen poder resolver la integración laboral de aquéllos que tienen dificultades de movilidad o que se encuentran en ámbitos rurales.

Los poderes públicos tienen que garantizar el cumplimiento real de las normas de promoción del empleo. La cuota de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, han demostrado su eficacia, aún cuando su nivel de cumplimiento real sigue siendo bajo en todos los países. Los poderes públicos deben progresar en esta regulación y en el logro de un respeto formal y real de las cuotas de empleo. Cuando las organizaciones obligadas a cumplirlas no puedan hacerlo por circunstancias objetivas que afectan a su viabilidad, deben existir sistemas alternativos que sustituyan esta obligación por otras dirigidas a promover el empleo en los centros protegidos o a financiar las actividades de los poderes públicos en el desarrollo de programas dirigidos a la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad. Los incentivos fiscales a las empresas que emplean a discapacitados también contribuyen a facilitar la colocación y a promover la adaptabilidad razonable de los puestos de trabajo a las dificultades de acceso que estos pueden tener en el centro de trabajo. El sector de las empresas de economía social puede ser un socio de los poderes públicos en la realización de programas relativos al trabajo de las personas discapacitadas.

E) No vale cualquier empleo; es necesario incorporarse a empleos de mayor calidad. Ya hemos señalado que frente al riesgo de la exclusión en el empleo que afecta a muchos colectivos, especialmente a las personas discapacitadas, hoy estamos afrontando nuevos riesgos relacionados con la mayor o menor calidad de los empleos que se obtienen. Los trabajos precarios o de baja calidad suelen ser ocupados por los sectores más débiles, tanto por su baja cualificación inicial como por la necesidad de aceptar los empleos que se les ofrezcan. Las empresas y corporaciones que trabajan bajo el concepto de la responsabilidad social deben incluir en sus códigos de conducta la realización de iniciativas tanto para la contratación de las personas con discapacidad como para su promoción laboral en los trabajos que obtienen.

7º LA ACCESIBILIDAD GLOBAL Y EL DISEÑO PARA TODOS, REQUISITOS IMPRESCINDIBLES

La accesibilidad global y el diseño para todos son requisitos previos que preceden a todo el proceso de integración. Estos nuevos conceptos deben garantizar funciones básicas de la vida cotidiana tales como: moverse, comunicarse y tener la posibilidad de utilizar los bienes y servicios puestos a disposición de los mercados sin ser discriminados como consumidores por su discapacidad. Las nuevas oportunidades de las tecnologías de la información y la comunicación deben favorecer la integración; debiendo impedirse el surgimiento de la brecha digital como nuevo factor de discriminación.

A) El concepto de la accesibilidad encuentra en la situación de las personas con discapacidad su más pleno sentido. La accesibilidad es el requisito básico que precede a todo el proceso de integración y debe ser la característica de todos y cada uno de los servicios que la sociedad desarrolla para sí y, específicamente, para las personas con discapacidad. Tradicionalmente nos hemos centrado en el esfuerzo de reducción y eliminación de las barreras físicas. Los nuevos enfoques han consolidado un concepto más ambicioso y a la vez proactivo de la accesibilidad. En una sociedad cada vez más inmersa en el uso de las tecnologías de la comunicación y cada vez más abierta y global, se detectan barreras no sólo físicas sino también en materia de comunicación y relación. La accesibilidad se hace global y trasciende la preocupación específica que afecta a las personas con discapacidad. Los nuevos postulados de las organizaciones de discapacitados se dirigen a promover los nuevos conceptos de la accesibilidad global y del diseño para todos. Una accesibilidad global relacionada con la vida cotidiana y con la perspectiva de garantizar las funciones básicas que permitan a las personas con discapacidad moverse, localizar las cosas, asirlas, utilizarlas y comunicarse. Un diseño para todos que, aplicado a la producción de bienes y servicios, produce incluso ventajas competitivas y amplía potencialmente los mercados de las empresas que tienen la valentía y la visión de introducirlo en sus estrategias y que reduce los esfuerzos y costes de las adaptaciones posteriores para las personas con discapacidad o la población con baja movilidad o con capacidades reducidas, temporalmente o por la vejez.

B) Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación introducen grandes oportunidades, pero también algunos riesgos. El desarrollo de las tecnologías de la información permite acceder a los procesos de comunicación y a la obtención de conocimiento de forma más intensa que nunca y en espacios diferentes de los tradicionales. La formación de las personas con discapacidad encuentra así una mayor potencialidad, del mismo modo que el empleo.

La integración social tiene nuevas formas de producirse con estas tecnologías y la participación activa en la sociedad y en los recursos disponibles en la misma, también. Existe un peligro real de quiebra social en el acceso y disfrute de las oportunidades que este cambio tecnológico y social está produciendo. Es necesario articular medidas dirigidas a minimizar los riesgos de la infoexclusión y a evitar que las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables vean deteriorarse una vez más su situación como consecuencia de la nueva estratificación social que, a través del empleo asociado al uso de estas tecnologías, se va a producir. La acción de los poderes públicos es decisiva para evitar estos riesgos. El acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un hito transformador de la realidad social que tendrá un impacto determinante para las próximas décadas y que producirá fracturas en el equilibrio social si no se actúa ordenadamente y, particularmente, en los segmentos desfavorecidos de la sociedad. Ha de colocarse en la agenda política la estrategia de infoalfabetización digital de las personas con discapacidad. Las oportunidades que se promueven adoptando esa estrategia, pueden suponer cambios radicales en la mejora de los ritmos de la incorporación e integración social y laboral de las personas con discapacidad.

C) El acceso al ocio y la cultura es parte esencial de la integración social. Los procesos de integración de las personas con discapacidad en la vida activa de sus sociedades pasa, también, por un acceso normalizado al disfrute del ocio y la cultura. Los problemas básicos son los que afectan a la accesibilidad a tales recursos. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una esperanza que puede contribuir a eliminar o reducir las barreras en esta materia. Pero, en la medida en la que las tecnologías son una potencialidad que ha de ser activada para producir los resultados deseables, los poderes públicos deben asumir su liderazgo al respecto y obtener respuestas adecuadas en materia de accesibilidad global de las personas con discapacidad a los servicios de ocio y cultura gestionados en términos de mercado.

El deporte ha adquirido un gran relieve social por sus vínculos tanto con la salud como con el consumo. Su impacto en los medios de comunicación hace del deporte uno de los grandes protagonistas de la información que consumen los ciudadanos. El acceso al deporte de las personas con discapacidad se presenta como una exigencia vinculada a la mejora de su estado de salud, pero también como un esfuerzo de construcción de las imágenes relativas a los mismos. Así, el esfuerzo paralímpico no sólo tiene el sentido de la competición deportiva sino, especialmente, el de producir las imágenes que integran la diferencia, la dificultad y la desventaja de las personas con discapacidad en uno de los fenómenos sociales de más impacto en los medios de comunicación.

D) Las personas con discapacidad también son discriminados en el consumo de bienes esenciales para su autonomía. Las personas con discapacidad deben adquirir productos y servicios que son la consecuencia de sus deficiencias y disfunciones y que, paradójicamente, suelen tener costes elevados. Desde los medicamentos hasta las prótesis, pasando por artículos adaptados para la vida cotidiana, vehículos para el acceso a los centros de trabajo, alimentos apropiados, etc., toda una serie de productos y servicios suponen un sobrecoste respecto del precio que otros consumidores han de pagar por disfrutar de esos bienes y servicios normalizados. Existen numerosas experiencias en este campo acerca de cooperativas de consumo, centrales de compra u otros, que tratan de dar respuestas a este problema. Numerosos países han adoptado un sistema de coparticipación en el coste de estos productos y otros han optado por un sistema de reducción de los impuestos al consumo o de deducción fiscal. Los poderes públicos deben ser conscientes de que la discapacidad crea un mercado específico que puede ser regulado de forma especial.

8º LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES, ESENCIALES PARA EL PLENO DESARROLLO DE LOS DERECHOS

El pleno desarrollo de los derechos sociales y económicos debe incorporar a las personas con discapacidad a los sistemas de protección de la salud, de la seguridad social y de los servicios sociales. La transferencia de conocimiento de carácter tecnológico y científico, la atención de las peculiaridades de las personas con discapacidad en los sistemas de aseguramiento y su incorporación a los nuevos sistemas de protección por dependencia deben ser algunos de los ejes de referencia en esta materia.

A) La atención sanitaria que requiere la discapacidad debe estar orientada a la prevención, la rehabilitación y la atención de la cronicidad. La diferencia entre las asignaciones que las sociedades desarrolladas efectúan a favor de la salud frente a las sociedades infradesarrolladas pone de manifiesto uno de los grandes desequilibrios del desarrollo humano y de la dignidad del ser humano. Frecuentemente, los países infrautilizan sus redes de atención sanitaria y son poco eficientes en la gestión de las mismas. En todos los planos de la salud, pero especialmente en materia de prevención de las deficiencias y en la rehabilitación, es preciso abordar la transferencia de tecnologías que incorpore a las sociedades más débiles al progreso científico en este campo. Los avances en la biogenética deben ser compartidos del mismo modo que las tecnologías rehabilitadoras, en el marco de los programas de cooperación. La prolongación de la vida de las personas y el envejecimiento general de la población incorporan a la condición de discapacitadas a nuevas capas sociales. La atención de las personas de edad avanzada debe abordarse también desde la perspectiva de las disfunciones que se les producen para una vida normalizada y desde el enfoque de servicios rehabilitadores de las funciones afectadas.

Igual preocupación cabe exponer respecto de la salud en el trabajo. La falta de control sobre las condiciones en las que se realizan ciertos trabajos genera accidentes y enfermedades profesionales. Las personas afectadas ingresan en las filas de la discapacidad. La prevención y el control de la seguridad en los centros de trabajo es una responsabilidad de los poderes públicos que ha de ser compartida con los agentes sociales y empresariales.

B) Los sistemas de seguridad social no tienen en cuenta las singularidades de la carrera de aseguramiento de las personas con discapacidad. La fuerte disparidad entre los sistemas de protección adoptados por los países dificulta una aproximación homogénea en el análisis de la situación y en las propuestas de futuro. En todo caso, en los sistemas de seguridad social de base profesionalista, existe un tratamiento normalizado de la protección a prestar en materia de incapacidad sobrevenida, recuperación y asistencia rehabilitadora y de empleo selectivo. En los sistemas de base universalista coexisten, habitualmente, subsistemas de protección que abordan las medidas dirigidas a la población discapacitada al margen o subsidiariamente a su aseguramiento en el subsistema profesional. La evolución de los sistemas de seguridad social hacia modelos de aseguramiento privado o mixtos coloca a las personas discapacitadas sin empleo en una gran desventaja y las hace totalmente dependientes de los subsidios mínimos que en cada sociedad se organicen. La fuerte dificultad que las personas discapacitadas tienen para participar en la fuerza activa de trabajo y generar rentas y aseguramiento de futuro, condiciona gravemente las condiciones en las que obtener protección presente y de futuro. La opción por un modelo asistencialista desgajado de los sistemas contributivos coloca a las personas con discapacidad en vía lenta de protección y el aseguramiento social. Sin negar la necesidad del aseguramiento asistencial, los poderes públicos deben ensayar fórmulas que coordinen el aseguramiento contributivo de las personas con discapacidad con aquellas especialidades que se acomoden a una carrera de aseguramiento que responda a la vida laboral de las mismas, normalmente reducida e irregular.

En las sociedades más desarrolladas se han regulado diversas modalidades del seguro de dependencia, cuyas previsiones de aseguramiento se relacionan muy directamente con muchas de las necesidades de asistencia y cuidado que requieren la discapacidad y el envejecimiento.

C) Los servicios sociales se han ido construyendo como un desgajamiento del sistema de la seguridad social en buena parte de los países. La comparación entre los modelos establecidos arroja un panorama de gran heterogeneidad y de muy diferente capacidad organizativa y financiera. Esta realidad refleja la estrecha relación de la discapacidad con la pobreza y la exclusión social y la brecha existente al respecto entre países ricos y pobres. El abordaje de los servicios sociales para las personas con discapacidad debe vincularse al debate sobre la situación de los derechos sociales y económicos en todo el mundo. En todo caso, los servicios sociales deben implicarse en las prioridades que en materia de atención sanitaria, formación y empleo, contribuyen de forma decisiva a potenciar las oportunidades de las personas con discapacidad para su integración en la vida ordinaria. Existe complementariedad entre la acción que los poderes públicos pueden desplegar a través de los servicios sociales y el apoyo que las redes familiares de las personas con discapacidad pueden prestar. Es preciso establecer la cooperación necesaria entre servicios y familias e incentivar la ayuda de terceras personas a través de beneficios fiscales.

9º LA DISCAPACIDAD HA DE SEGUIR SIENDO UN ASUNTO ABIERTO EN LA AGENDA INTERNACIONAL

La comunidad internacional debe compartir el conocimiento y los avances científicos y técnicos relativos a la discapacidad. Frente a los retrocesos en la protección que provocan los nuevos contextos mundiales, la situación de las personas discapacitadas debe seguir siendo un asunto abierto en la agenda internacional.

A) La comunidad internacional debe compartir el conocimiento y los avances científicos y técnicos relativos a la discapacidad. La aceptación de la existencia inexorable de la discapacidad, cualquiera que fuera la situación de prosperidad y control de los riesgos de que la comunidad gozara, no puede relevar a la sociedad de su responsabilidad frente a las generaciones que están naciendo ni frente al conjunto de los ciudadanos que potencialmente están todos ellos sometidos al riesgo de sufrir discapacidad y afrontar sus consecuencias. La tecnología nos proporciona capacidades científicas hasta ahora desconocidas. La investigación, especialmente la biogenética, es una fuente de esperanza para el futuro inmediato. El desarrollo sanitario contiene grandes potencialidades para una mejor atención de la prevención de estas situaciones y la rehabilitación. z El objetivo para las sociedades ha de ser el de incrementar los esfuerzos científicos y técnicos dirigidos al conocimiento de los riesgos que afectan a la salud de las personas y a la reducción y eliminación de los mismos. La comunidad internacional debe transferir y compartir el conocimiento y la tecnología que permitan prevenir y reducir las deficiencias, así como rehabilitar a quienes las padecen, desde la perspectiva de que toda situación de desventaja es modificable.

B) Los nuevos contextos mundiales producen retrocesos en la protección y abren grandes zonas grises en la estructura social. La pérdida del control social y del papel regulador que la comunidad internacional y los estados han tenido tradicionalmente sobre sus mercados y sus economías han abierto grandes zonas grises en las que el impacto social es evidente. Uno de los riesgos que eso produce es el de la precarización del empleo y la aparición de formas injustas de empleo que considerábamos abandonadas. Es preciso compatibilizar la competitividad con la cohesión social, salvaguardando los avances producidos y reintroduciendo la seguridad como valor que los agentes sociales y los poderes públicos tienen que proporcionar a todos los ciudadanos, y especialmente a los más débiles.

C) La situación de las personas discapacitadas debe seguir siendo un asunto abierto en la agenda internacional. La vulnerabilidad de las personas con discapacidad sigue requiriendo la acción concertada de la comunidad internacional en la regulación que afecta al respeto formal y real de sus derechos básicos y al impulso de la reflexión colectiva. Este esfuerzo de la comunidad debe permitir la adopción de los planes de acción mundiales y su revisión sistemática y periódica para la adaptación permanente de las iniciativas a contextos que cambian de forma acelerada. La comunidad internacional debe actuar de forma reflexiva, normativa y cooperativa manteniendo permanentemente abierta la agenda de los problemas que aquejan a las personas con discapacidad en el mundo, estableciendo los principios y valores, impulsando los programas de acción de forma coordinada y las prioridades para la acción concertada de los gobiernos. Las desventajas que padecen las personas con discapacidad en muchas partes del mundo requieren la acción debidamente concertada de la comunidad internacional.

Algunas propuestas para la acción positiva

Además de las consecuencias en el orden aplicativo práctico que pueden derivarse del amplio abanico de evidencias, principios y criterios expuestos en el epígrafe anterior, y como complemento obligado a los mismos, a continuación se aborda la difícil tarea de expresar algunas concreciones en el plano de la acción positiva, que tan sólo pretenden ser un reflejo destacado y selectivo de la amplísima panoplia de propuestas de actuación que podrían extraerse del contenido de este Informe. Nos circunscribiremos, pues, a aquellos campos o materias que consideramos esenciales a la hora de traducirse en programas y acciones que redunden de manera más directa e inmediata a favor de las personas con discapacidad.

PROPUESTAS PARA LA ACCION

1ª En materia de protección jurídica

1.1.) Para conseguir el gran objetivo de la dignidad y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, debemos situar este asunto en la cúspide de la protección que otorgan los derecho humanos y, más específicamente, los derechos fundamentales de la persona.

1.2.) Sería muy importante que pudiera proclamarse una convención especial de la ONU sobre las personas con discapacidad. Dicha convención abordaría todos los aspectos de carácter conceptual, legal y político concernientes al pleno disfrute de todos los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales por parte de las personas con discapacidad, dándole carta de naturaleza al papel de cooperador necesario de las ONGs en la defensa, representación y vigilancia de los intereses de las personas con discapacidad. Una convención dotada de instrumentos de verificación y seguimiento acerca del cumplimiento de esta materia por parte de los países supondría un salto cualitativo, un centro de referencia para las legislaciones y políticas nacionales y regionales y, en fin, un espaldarazo al principio de visibilidad y participación de las personas con discapacidad en la vida plena de sus respectivas sociedades.

1.3.) Las constituciones de los diversos países deben incluir un precepto específico que reconozca y ampare la protección en sentido amplio para las personas con discapacidad, constituyéndose en un principio que vincule a los poderes públicos y dé soporte constitucional a un desarrollo legislativo especializado. Y, todo ello, sin perjuicio de que cada sistema constitucional acoja no sólo el principio de igualdad formal sino también, y principalmente, el de igualdad real y efectiva.

1.4.) De igual modo, las constituciones deben dar amparo y carta de naturaleza a la participación de todos los ciudadanos y a las organizaciones nacidas del seno de la propia sociedad civil, ya que de esta manera los movimientos sociales podrán implicarse y cooperar de manera legitimada constitucionalmente, y no sólo desde el punto de vista social, en los procesos de conformación de las políticas sociales.

1.5.) Los ordenamientos jurídicos deben recoger con claridad el principio de no discriminación por razón de discapacidad, pero además deben incorporar de forma contundente, también, el principio de acción positiva o de discriminación favorable para reequilibrar la radical e inicial desigualdad que implica la discapacidad, y situar de este modo plenamente a las personas con discapacidad en la línea de salida del principio de igualdad real de oportunidades.

1.6.) Es necesario que cada ordenamiento jurídico combine adecuadamente la aplicación del principio del mainstreaming con la existencia de legislaciones especiales que atiendan de manera específica las necesidades no cubiertas por los sistemas generales respecto a las personas con discapacidad.

1.7.) Todas las declaraciones, regulaciones y mecanismos de protección jurídica para las personas con discapacidad contenidas en los ordenamientos jurídicos deben ir acompañadas de procedimientos y mecanismos eficientes que permitan el disfrute material, real y efectivo de los derechos reconocidos, así como de prácticas coherentes con este fin y mecanismos de control que permitan verificar que estamos ante cumplimientos efectivos y no ante meras declaraciones de voluntad retórica.

2ª En materia de educación

2.1.) Debe establecerse por vía legal el principio de integración o normalización educativa de las personas con discapacidad, de forma que los alumnos con necesidades especiales asociadas a la discapacidad participen plenamente y con preferencia en el sistema educativo ordinario, sin perjuicio de que se mantengan otras modalidades educativas para aquellos alumnos que, por sus especiales circunstancias, no puedan incorporarse completamente a la escuela ordinaria. Como consecuencia de la proclamación y aplicación efectiva del principio de integración educativa, los centros o unidades de educación especial, allí donde todavía persistan, deberán ser reorientados hacia fórmulas de educación ordinaria normalizada.

2.2.) Ha de procederse a la proclamación y aplicación efectiva del principio de no discriminación en el acceso, permanencia y ejercicio de los derechos académicos por parte de las personas con discapacidad en el ámbito educativo.

2.3.) El entorno educativo debe concebirse, planificarse y estructurarse de acuerdo con los criterios de la accesibilidad universal y del diseño para todos, de forma que se consiga un ámbito inclusivo libre de cualquier tipo de barrera. El sistema educativo debe proceder, igualmente, a realizar las adaptaciones curriculares que sean precisas para atender y dar satisfacción de la mejor forma posible a las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad.

2.4.) Es necesario establecer programas para la detección precoz de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y la atención inmediata a las mismas por parte del sistema educativo una vez detectadas.

2.5.) El sistema educativo ha de asegurar la escolarización gratuita y obligatoria de los alumnos con discapacidad. Asimismo, se debe asegurar la libre elección del modelo educativo y de la modalidad de escolarización por parte de los padres y/o representantes legales del alumno con discapacidad y, en su caso, por éste mismo.

2.6.) Han de habilitarse programas de formación especializada de todos los elementos humanos (profesores, psicólogos, psicopedagogos, personal de apoyo y demás profesionales) que intervienen en el proceso educativo de las personas con discapacidad.

2.7.) Debe potenciarse la utilización de las nuevas tecnologías y de las nuevas herramientas que proporciona la sociedad de la información en el sistema educativo para facilitar el proceso de normalización escolar de las personas con discapacidad, con atención especial a las posibilidades que brinda la teleformación y promoviendo la alfabetización digital de las personas con discapacidad.

2.8.) Las autoridades educativas deberán establecer diferencias de trato en favor de estudiantes con discapacidad en los programas, planes y acciones generales de becas, ayudas y apoyos que tenga establecidos con carácter general o crear otros específicos para estos miembros de la comunidad educativa a fin de contribuir a atenuar las desventajas objetivas que en punto a igualdad de oportunidades puedan presentar.

2.9.) Las autoridades educativas deberán promover, mediante medidas de acción positiva y de apoyo y compensación de las desventajas, el acceso y la permanencia sin discriminaciones de los alumnos con discapacidad en la enseñanza superior, donde se encuentran claramente infrarrepresentados.

2.10.) Sería muy recomendable que la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), así como otras Organizaciones supranacionales similares de escala regional, aprobasen instrumentos jurídicos internacionales vinculantes en materia de educación para todos, donde se consagrasen los principios y criterios a los que los Estados y Autoridades deberían acomodar su política educativa en relación con las personas con discapacidad.

2.11.) Las autoridades, la comunidad y la sociedad en su conjunto han de entender los gastos dirigidos a promover los niveles educativos de las personas con discapacidad como una inversión rentable socialmente, que contribuyen a hacer de estas personas sujetos autónomos económicamente, evitando situaciones de dependencia.

2.12.) Es necesario conectar el sistema educativo con el sistema productivo y económico, ofreciendo una formación y educación para la integración laboral y el empleo, que permita la autonomía económica de las personas con discapacidad. Se debe establecer en el sistema educativo y de formación para el empleo el aprendizaje continuo y los itinerarios.

2.13.) Se debe promover la participación de los alumnos con discapacidad y de sus padres, familiares o representantes legales en los órganos de gobierno y dirección de los centros educativos.

2.14.) La atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales ha de incorporarse como criterio de calidad del sistema educativo a la hora de su evaluación.

2.15.) Se debe fomentar entre las personas con discapacidad y sus familias valores como el del esfuerzo personal y la aspiración a la excelencia como motores de normalización social a través de la educación.

3ª En materia de inserción laboral

3.1.) Los gobiernos y las autoridades públicas deben invertir la relación actual entre políticas activas de fomento de empleo y políticas pasivas de asistencia que se dirigen a compensar la ausencia de integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, centrando el esfuerzo en la promoción del empleo, sin perjuicio de mantener e intensificar la asistencia a aquellas personas con discapacidad que no pueden ingresar o mantenerse en el sistema de trabajo.

3.2.) Debe consagrarse en el ordenamiento jurídico de cada país el principio de no discriminación por razón de discapacidad en el acceso y en el mantenimiento en el puesto de trabajo, dotando a los interesados de instrumentos jurisdiccionales o administrativos para hacerlo efectivo en caso de vulneración del derecho a la igualdad.

3.3.) Se debe fomentar entre las personas con discapacidad la aspiración a ser sujeto activo del sistema productivo como forma de plena participación social, así como estimular el espíritu de empresa como medio de realización personal y social.

3.4.) Han de desarrollarse campañas públicas dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre las potencialidades laborales de las personas con discapacidad y para desterrar los prejuicios y estereotipos que todavía perduran en los empleadores, en las familias y en las propias personas con discapacidad.

3.5.) Las autoridades han de establecer una política general de promoción del empleo de las personas con discapacidad con medidas de acción positiva (apoyos, ayudas, bonificaciones, reducciones fiscales, etc.) que aúne vías y modalidades de integración laboral diversas y creativas (mercado ordinario, empleo protegido, autoempleo, fórmulas de economía social, empleo público, etc.).

3.6.) Es esencial lograr una mayor implicación y participación de los agentes sociales en la promoción del empleo de las personas con discapacidad y en la vigilancia de las disposiciones que amparan y protegen sus derechos, fundamentalmente a través de la negociación colectiva.

3.7.) Las Administraciones Públicas han de adoptar normas en la esfera de la contratación pública (adquisición de productos y contratación de servicios) que primen a las empresas que cumplen las disposiciones sobre fomento de la integración laboral de personas con discapacidad.

3.8.) Los entornos laborales deben planificarse y diseñarse con arreglo a los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de forma que sean respetuosos e inclusivos con todas las personas.

3.9.) Deben establecerse observatorios ocupacionales dirigidos a detectar nuevas canteras de empleo con potencialidad de integración para las personas con discapacidad.

3.10.) Ha de promoverse la formación continua de los trabajadores con discapacidad, especialmente en las herramientas de la sociedad de la información, para facilitar el mantenimiento y la progresión en la carrera laboral.

3.11.) El Tercer Sector, tanto en su vertiente social (ONGs) como en su dimensión empresarial (economía social), debe comprometerse de modo prioritario en el objetivo de la integración laboral de las personas con discapacidad, dentro de su enorme potencial y capacidad real de creación y mantenimiento del empleo incluso en los ciclos económicos regresivos.

4ª En materia de sistemas de protección social

4.1.) Un elemento fundamental para la mejora de la calidad y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad es la existencia de un sistema de protección social que asegure la adecuada cobertura de las contingencias que puedan afectar a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, y de una red de servicios sociales y sociosanitarios dirigidos a promover la autonomía de la persona con discapacidad y a asegurar la asistencia y el apoyo que en cada momento necesiten.

4.2.) Los diversos sistemas de seguridad social, de base profesionalista o universalista, deben tener en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad y las singularidades de su carrera de aseguramiento. Deben adoptarse medidas que eviten que la evolución de los sistemas de seguridad social hacia modelos de aseguramiento privado o mixtos sitúen a las personas discapacitadas desempleadas en una grave situación de desventaja y totalmente dependientes de los subsidios mínimos cuando estos existen.

4.3.) Los poderes públicos deben ensayar fórmulas que combinen el aseguramiento contributivo de las personas con discapacidad con fórmulas especializadas que tengan en cuenta las peculiaridades de una carrera de aseguramiento que responda a la vida laboral más reducida e irregular de aquéllos. La escasa participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo conlleva en muchos casos la ausencia de rentas y, por tanto, la imposibilidad de generar aseguramiento para su futuro. Si la pobreza genera discapacidad también se puede afirmar que la falta de empleo genera pobreza y excluye a las personas con discapacidad del sistema de protección basado en el aseguramiento, tanto público como privado.

4.4.) Deben desarrollarse esquemas de atención de las situaciones de dependencia que puedan producirse por razón de edad avanzada o por grave o severa afección. En las modalidades de protección por dependencia que se desarrollen debe incluirse a las personas con discapacidad como un colectivo de atención preferente.

4.5.) Los sistemas de servicios sociales son extraordinariamente heterogéneos en los diversos países, y su precariedad es uno de los factores que explica la situación de pobreza y exclusión extrema de las personas con discapacidad en los países menos desarrollados. Los servicios sociales para discapacitados son un elemento esencial para el desarrollo de los derechos sociales y económicos en todo el mundo. Los servicios sociales debe complementar y apoyar a los de carácter sanitario, de formación y empleo para potenciar las oportunidades de integración.

4.6.) Debe fortalecerse la cooperación y complementariedad entre los servicios sociales públicos, las redes familiares y el voluntariado para mejorar los niveles de atención a las personas con discapacidad.

5ª En materia de atención de la salud

5.1.) Las legislaciones de los distintos países han de establecer el derecho de las personas con discapacidad a la salud integral, y las administraciones sanitarias han de garantizar la asistencia sanitaria y los cuidados médicos a estos ciudadanos.

5.2.) Es necesario incrementar el esfuerzo de asignación de recursos en materia de salud en los países infradesarrollados. El gran diferencial de este esfuerzo respecto de los países desarrollados es uno de los principales factores de desequilibrio en el desarrollo humano. Respecto de la discapacidad el esfuerzo debe concentrarse en las estructuras de la prevención, la rehabilitación y la atención de las situaciones crónicas.

5.3.) Es preciso abordar, desde el marco de los programas de cooperación, la transferencia de tecnologías que incorporen en las sociedades menos desarrolladas los avances en materia de prevención y rehabilitación de la discapacidad. De igual modo, deben compartirse los avances en el campo de la biogenética.

5.4.) Debe actuarse, desde la responsabilidad primordial de los poderes públicos pero con la plena corresponsabilización de los agentes sociales, en el campo de la salud en el trabajo. Deben mejorarse las condiciones en las que se realizan ciertos trabajos para evitar accidentes y enfermedades profesionales que generan situaciones de discapacidad.

6ª En materia de cambios tecnológicos y avances científico-médicos

6.1.) Es necesario considerar la realidad de la discapacidad como objeto preferente de las políticas públicas en materia de innovación y nuevas tecnologías.

6.2.) Deben incorporarse, a través de normas legales y prácticas administrativas, los conceptos de accesibilidad universal y diseño para todos en los campos de la innovación, las tecnologías de asistencia y apoyo y las herramientas de la sociedad de la información.

6.3.) Es preciso introducir en las legislaciones de los distintos países normas que prohíban a las autoridades y administraciones públicas la adquisición de productos, servicios y herramientas propias del ámbito de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información que no estén concebidas con arreglo a los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. De igual modo, se debe prohibir la concesión de ayudas, subvenciones y bonificaciones a operadores privados que no cumplan con las normas sobre accesibilidad de estos productos, servicios y herramientas.

6.4.) Deben ponerse en práctica programas para la extensión de la alfabetización digital entre las personas con discapacidad.

6.5.) Ha de abordarse la creación de centros de excelencia en el ámbito de la discapacidad y las nuevas tecnologías, que sirvan como focos de orientación para las autoridades y el sector privado y de difusión de buenas prácticas.

6.6.) Debe procederse a la sustitución progresiva del modelo médico de intervención sobre la discapacidad, allí donde todavía perdure, por el modelo social, que tiene en cuenta a la persona en su entorno y que traslada el foco de atención de la deficiencia a las condiciones ambientales en que se mueve la persona con discapacidad.

6.7.) Es necesario prestar atención y consideración a los nuevos horizontes que descubre la genética, con sus amenazas y oportunidades, teniendo siempre en cuenta que la singularidad y el valor de la persona con discapacidad merecen el mismo respeto que los de cualquier otra persona, sean cuales sean sus características genéticas.

7ª En materia de ocio, cultura y deporte

7.1.) Se debe promover el acceso y disfrute del ocio y de la cultura entre las personas con discapacidad, eliminado las múltiples barreras que les impiden disfrutar de una forma normalizada de su tiempo libre y creando ámbitos y soportes culturales accesibles.

7.2.) Ha de potenciarse la práctica del deporte entre las personas con discapacidad como medio para favorecer tanto su estado de salud como su autoestima y su imagen ante la opinión pública y conseguir su normalización social.

7.3.) El fortalecimiento del movimiento paralímpico internacional y la incorporación de los juegos paralímpicos en el marco normalizador e integrador de los Juegos Olímpicos debe servir de ejemplo mundial, por su enorme impacto mediático, del gran esfuerzo de superación e integración que realizan las personas con discapacidad desde la aceptación de su diferencia.

8ª En materia de vida ciudadana y participación

8.1.) Es precisa la incorporación en la legislación de los distintos países del principio de diálogo civil, entendido como la necesaria participación de las organizaciones de personas con discapacidad en todas aquellas políticas públicas que directa o indirectamente pudieran afectarles, haciendo oír su voz y contando con su parecer en las fases de elaboración de propuestas, decisión, ejecución, evaluación y seguimiento. A tal efecto, debe procederse a la creación de órganos de participación paritaria entre los poderes públicos y las organizaciones representativas de personas con discapacidad, que se encarguen de la formación y del seguimiento de todas las políticas públicas referidas a la discapacidad. Igualmente, ha de habilitarse legalmente a las organizaciones representativas de personas con discapacidad para intervenir en favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad que hubieran podido ser vulnerados.

8.2.) La mejor garantía de participación es el fortalecimiento de la unidad del movimiento asociativo de personas con discapacidad, promoviendo la creación a escala continental, estatal, regional y local de plataformas unitarias de representación y defensa de estos ciudadanos que tengan como misión ser los interlocutores de los poderes públicos y de la sociedad civil.

8.3.) Debe incorporarse la consideración de la discapacidad como eje transversal de todas las políticas públicas que tengan efectos directos e indirectos sobre las personas con discapacidad, sin perjuicio de seguir manteniendo políticas específicas sobre discapacidad que atenúen o borren las acusadas desventajas de las que parten estas personas.

8.4.) Una iniciativa importante para promover los derechos de las personas con discapacidad sería la creación y fortalecimiento de un “Foro Mundial de la Discapacidad” como gran plataforma plural de representación y defensa de las personas con discapacidad a nivel global, dando cabida a todas las sensibilidades por razón de tipo de discapacidad, del tipo de organización y de su ámbito geográfico, para conseguir una voz unitaria que haga llegar con claridad, rigor y una visión estratégica compartida los problemas y las propuestas de solución desde los propios afectados hacia las diferentes instancias y organismos internacionales.

8.5.) La generación de lazos y vínculos entre el movimiento social de personas con discapacidad y otros movimientos sociales es un elemento esencial para reforzar toda la estructura ciudadana que participa en la construcción de la sociedad civil.

9ª En materia de información sobre discapacidad

9.1.) Un conocimiento estadístico más profundo de las realidades de las personas con discapacidad, que representan el 10% de la población mundial, permitiría una mejor planificación y desarrollo de políticas y programas ajustados a las necesidades sociales reales de las personas con discapacidad. Es muy importante que la discapacidad sea incorporada dentro de los indicadores del índice de desarrollo humano de la ONU y que sea contemplada por los sistemas estadísticos y de indicadores sociales de los diferentes países y organizaciones supranacionales.

9.2.) La invisibilidad de las personas con discapacidad y su falta de presencia social está en el origen de muchos de los prejuicios e incomprensiones que han lastrado sus posibilidades de participación social y su desarrollo personal. Las realidades de la discapacidad, incluyendo las potencialidades de las personas con discapacidad, los problemas a los que se enfrentan y las acciones que se emprenden para dar respuesta a sus necesidades, deben ser ampliamente divulgadas, pues el conocimiento de esas realidades es esencial para avanzar hacia una sociedad capaz de asumir y de valorar las diferencias que la enriquecen.

EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD HUMANA, CLAVE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MÁS HUMANO

Las propuestas anteriores hay que verlas en un contexto más amplio que el de los problemas cotidianos de la discapacidad y la exclusión. Hay que verlas como las palancas y llaves que pueden permitirnos abrir una situación cerrada, en la que las personas con discapacidad, al igual que muchas otras personas, se ven más o menos marginadas en función de sus capacidades para integrarse mejor o peor en las cadenas de valor productivo. Una situación en la que las personas son valoradas según su utilidad económica, haciendo caso omiso de su dignidad personal, de sus expectativas vitales y de su potencial de contribuir a un auténtico desarrollo humano. Una situación que contrasta con la capacidad técnica que la humanidad ha alcanzado, y que le permitiría gestionar la complejidad y arbitrar los recursos y soluciones suficientes para evitar la exclusión.

El progreso en pos de la calidad de vida humana no será tal si no alcanza a todos o si no se ajusta al respeto a los derechos inalienables de cada persona. Solo así las civilizaciones podrán reconocerse como depositarias de lo mejor de la Historia humana, que no es otra cosa que la lucha en pos del reconocimiento como iguales de todas las personas, sean cuales sean sus capacidades y singularidades. Por ello, las propuestas que se han recogido en las páginas anteriores buscan insertarse en un auténtico cambio cultural, que lleve a los corazones de las personas la voluntad de reconocerse en cada prójimo y de tratar a los demás como se merecen por su dignidad personal y no solo en atención a su posición en las cadenas productivas.

Pero tal cambio cultural sería insuficiente si solo se operase a favor de las personas con discapacidad, quizá atendiendo más a sentimientos de solidaridad o incluso compasión, y no se extendiese al reconocimiento de la diversidad humana y de las diferentes condiciones y trayectorias vitales de cualquier persona. Ya que de quedarse ahí, aún cuando las políticas de inclusión y programas habilitantes que se estimulasen podrían ayudar a las personas con discapacidad a integrase en la vida social, económica y cultural de la mayoría de los humanos, seguirían existiendo condiciones y actitudes discriminatorias hacia otras personas y colectivos que gozan de los mismos derechos que cualquier persona y que, desde su diversidad y diferencia, tienen mucho que aportar al acerbo cultural, social y económico de una Humanidad que no puede despilfarrar los recursos que hay detrás de cualquier vida personal.

Los recursos y potencialidades de cada uno de nosotros se organizan y articulan alrededor del valor de la dignidad humana y de las capacidades para relacionarnos, aportar y compartir que todos tenemos, por muy desesperada y sin horizontes que sea nuestra existencia. Por ello, las propuestas anteriores no se han formulado únicamente como un alegato a favor de la inclusión de la discapacidad, ni persiguen sólo que no se despilfarren las oportunidades, ideas, afectos y voluntades que vibran en cada persona discapacitada y desde los cuales sería posible atisbar un futuro más solidario para la

Humanidad si ésta se hiciera eco de aquéllos pálpitos e ilusiones. Se han escrito a sabiendas de que el futuro solo será un futuro auténticamente humano cuando las diferencias personales no signifiquen motivos de discriminación ni de exclusión, cuando todas las personas sientan y vivan como iguales y cuando los gobiernos, empresas e instituciones ratifiquen esta igualdad con sus normas, procedimientos y actividades.

De ahí, finalmente, que este Informe, más allá de las referencias y propuestas a favor de un futuro más humano para el mundo de la discapacidad, quiera ser, sobre todo, la primera propuesta para la acción a favor de la diversidad humana, de su reconocimiento y de su defensa como patrimonio común. Un patrimonio que se construye a diario cada vez que las personas se tratan como tales y se afanan por que cada circunstancia vital no sea nunca una barrera insalvable para la inclusión social y la solidaridad personal que todos nos debemos.

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